El proyecto de ley para crear la segunda instancia en nuestro país ha despertado todo un debate jurídico- político, en el cual proponentes y opositores han estado dedicados tácitamente a la discusión no de los méritos del proyecto, sino a su necesidad y a las implicaciones en relación a celeridad de los procesos penales y a la saturación de los de las diferentes instancias judiciales.